Carlos A. Bozzi.-En el marco de alguna disputa mediática, cuyo origen aún no se ha establecido, como en cascada, se fueron desempolvando antiguos informes producidos por este particular personaje que fue Enrique Lautaro Arancibia Clavel. Para todos los investigadores en las causas de Derechos Humanos, sus notas y comentarios son largamente conocidas y al parecer, nunca se les dio la importancia que cobraron en la actualidad al mencionar en una de ellas, a la señora Graciela Alfano y su supuesta relación con Emilio Massera.Una cosa es segura en esta historia. El personaje existió y los informes fueron emitidos y suscritos por el bajo un seudónimo. Este tema esta resuelto. Sin embargo no se encuentra probado, si todo lo que dice en sus memorandos resulta ser cierto o solo aproximaciones a la verdad, producto de su trabajo en inteligencia y contra inteligencia para Argentina y Chile. Si se le otorga veracidad a fragmentos de sus informes, no estaría demás analizar, a todo el conjunto de su trabajo en Argentina.
Por suerte se abrió este debate, que puede ser muy beneficioso para la causa de los Derechos Humanos, si de una vez por todas el Estado Argentino asume el compromiso de investigar a fondo nuestro doloroso pasado y en base a informes como estos, se lograr esclarecer la suerte corrida por miles de compatriotas entre los años 1974-1983, destacando a todas sus agencias administrativas en Derechos Humanos para este fin.
Pero, vamos un poco a reiterar quien era don Enrique Lautaro. Se sabe que era chileno, que ingresó a la Argentina prófugo, acusado por un atentado “dinamitero” en épocas del gobierno de Salvador Allende. Refugiado en Buenos Aires, participó en la organización del asesinato del General Carlos Prats y su esposa, ocurrido por el mes de septiembre del año 1974. A causa de este hecho, fue condenado a prisión perpetua y la Corte Suprema de Justicia de la Nación , el 24 de agosto de 2004, en un fallo histórico, basado en Pactos y Convenios de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que dieron origen al inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional, reformada justo diez años atrás, sostuvo que la responsabilidad penal de los delitos de lesa humanidad es imprescriptible. Es importante resaltar lo de la responsabilidad penal, pues aún el Alto Tribunal sostiene que los daños y perjuicios ocasionados por un delito de lesa humanidad prescriben a los dos años, contados a partir del 12 de octubre de 1983. No solo el Alto Tribunal de Justicia tiene esta opinión, sino también el Estado Argentino, a través del cuerpo de abogados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación , en diversos juicios entablados por victimas del Terrorismo de Estado.
Sus informes comienzan a ser “enviados”, a la Dirección de Inteligencia Nacional de Chile, mas conocida como “DINA” , el equivalente a la Side en Argentina, por el año 1978, a raíz del conflicto por el Canal de Beagle. La “historia oficial” dice que fue detenido por el Ejército argentino en el año 1978, acusado de espía chileno e indultado por el Estado Argentino en 1980.
Entre 1974 y 1978, año este último en que se dedica a la producción de informes para el gobierno chileno, en sus ratos de ocio, fue integrante de algún grupo operativo del Plan Cóndor que interrogó a disidentes chilenos exiliados en Argentina. Fue así que se lo condenó a doce años de prisión (además de la perpetua que antes tenía), por haber torturado a su conciudadana Laura Helgueta Díaz, secuestrada y recluida en el Centro Clandestino de Detención de Personas, llamado “El Atlético”. Hay que pensar que no cualquier persona podía ingresar e interrogar a un secuestrado por el Estado Argentino, a un “CCD” , así como así nomás, sin la autorización pertinente del poder de turno.
Este hecho revela que en realidad Don Lautaro era un agente doble, que trabajaba para ambos países, en Argentina, especialmente para la Fuerza Ejército y que su detención de fines de 1978, fue solo un simulacro.
Con solo observar y estudiar sus informes se llega fácilmente a esta conclusión, pues en el año 1978, época en que comienza su producción literaria, se tiene la sensación de que este hombre realizó el curso abreviado y mas profundo, si vale la expresión, de toda la historia de la represión en Argentina.
Por ejemplo, informa en 1978 que supo acerca de golpes que López Rega le propinaba a la señora de Perón, que sabe de los asesinatos de la Triple A , y que sabe, nombra y describe, con número de documento, dirección y demás detalles, a personas asesinadas desde 1975 en adelante. El 28 de julio de 1978, en un extenso memo, remite a la central de la DINA publicaciones y revistas argentinas editadas cuatro años atrás. Este hecho me consta porque una de las publicaciones enviadas fue una revista que este autor editó en la ciudad de Mar del Plata en el mes de junio del año 1974.
Advierte al gobierno de Chile que el ataque argentino sería similar a la estrategia militar del General San Martín en la llamada Guerra de la Independencia. Es decir, invadir por las provincias de Cuyo, Salta y Jujuy, cuando la sensación imperante de aquellos días, a raíz de todo el movimiento militar argentino amagaba a una invasión por el sur del país.
Está claro que en sus periódicos envíos, resalta la línea “pacifista” de la Fuerza Ejercito , que tendría a Videla y a Martínez de Hoz como sus mejores exponentes, llegando a transmitir que en 1978 la figura popular del Presidente estaba en franco ascenso. Tal es así, que el sobrio y serio don Rafael, se vio obligado a asomarse a los balcones de la Casa Rosada a raíz de una espontánea manifestación popular y que en otra oportunidad, un nutrido grupo de estudiantes lo vivó al grito de: ¡!!!VIDELA, CORAZON…!!!!!
En este camino, obviamente le adjudica un sinfín de secuestros, atenta dos y asesinatos a la línea dura del Ejército, liderada por Suárez Mason, Menéndez y Camps, los cuales detalla con asombrosa precisión, entre ellos, el secuestro del abogado Mariano Grondona. En un memo informa que el atentado al ex canciller Guzzeti fue originado en este grupo, por orden del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, General Ibérico Saint Jean y en otro dice que este hecho fue obra de grupos afines a Massera, a través del Servicio de Informaciones Navales, quienes tras “comprar” a la custodia del Ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina , lo emboscaron cuando el ex canciller ingresaba a un consultorio odontológico, asestándole un durísimo golpe en la cabeza con un objeto “de fierro” de “4 kilos de peso”, que lo dejó inválido.
De ahí en más, sus informes se dedican al estudio de la conducta de Massera y su ambición de crear un partido político propio, aliado al peronismo, para lo cual hasta se habría reunido con el líder metalúrgico Lorenzo Miguel. Y desgrana detalles de cada uno de los pasos del marino, relatando sus numerosos crímenes y fechorías. Entre sus relatos, acuñó la más tremenda de las frases, al decir: “En estos momentos, la Escuela de Mecánica es una verdadera universidad en los métodos de la represión, cuenta con hornos crematorios, camas electrizadas, los mejores equipos de grabación, etc.”… Y concluye: “La represión más sangrienta ha sido la naval, el ejercito tiene mayor cantidad…”.
Obviamente, entre todos estos informes, aparece el referido a la señora Alfano, que tanta repercusión ha causado en estos días. ¿O no? ¿Y todo lo que anteriormente dice? No hay que olvidar unos de los párrafos, mas estremecedores de sus archivos, que expresa:: "En estas listas van tanto los muertos "oficialistas" como los "no oficialistas". Este trabajo se logró conseguir en el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército sito en Callao y Viamonte de esta capital, que depende de la Jefatura II Inteligencia Ejército del Comando General del Ejército y del Estado mayor General del Ejército. Estas listas corresponden al Anexo 74888,75/0 A.1 E.A. y al Anexo 748 89.75 id.. Los que aparecen NN son aquellos cuerpos imposibles de identificar, casi en un 100% corresponden a elementos extremistas eliminados "por izquierda" .. por las fuerzas de seguridad. Se tienen computados 22,000 entre muertos y desaparecidos, desde 1975 a la fecha. Luís Felipe Alemparte Díaz"
En otra de sus creaciones, ya no tan literarias y en lo que a mi pasado concierne, afirma: “En agosto de 1977, en la ciudad de Mar del Plata, fueron apareciendo los cadáveres de cinco o seis abogados izquierdistas. Operó el coronel Camps, Jefe de Policía, Prov. de Bs.As….”. Se encuentra probado por el testimonio de la esposa de uno de los abogados asesinados en esa ciudad, que hasta fines del mes julio, ella vio a algunos de estos abogados con vida, con lo cual esta información tiene un valor realmente importante.
Sin embargo, el Estado Argentino y todas sus agencias dedicadas al estudio de nuestro pasado, poco ha hecho en la investigación en base a estos informes, que se encuentran a resguardo en la Universidad chilena, “Alberto Hurtado” y se supone, al alcance de la justicia.
Da la sensación que las distintas administraciones públicas, surgidas a partir de octubre de 1983, no han entendido aún el significado de la palabra “Terrorismo de Estado”, pues tratan la cuestión de los delitos de lesa humanidad como si hubiesen sido fechorías de grupos o personas fuera del control normal de la propia administración, sustrayendo la responsabilidad estatal a estos hechos y volcando todo el peso de su discurso, sobre los personajes de esta historia.
Una real y verdadera política de Derechos Humanos debe establecer y dejar sentado firmemente que estos delitos fueron cometidos pura y exclusivamente por el Estado Argentino, el que tiene deber irrenunciable de investigarlos en su total profundidad y de pedir públicas disculpas al pueblo argentino por el daño infligido, cosa que aún no ha hecho. No hay que olvidar que Emilio Massera, después de haber recibido una condena en el Juicio a las Juntas Militares, fue indultado por el mismo Estado Argentino.
Mas allá o más acá de la conducta de la señora Alfano y la responsabilidad por su supuesta vinculación con Massera, sería saludable que los señores fiscales federales se dediquen a leer de lleno el “Informe Arancibia Clavel” y en base a ello, comiencen a investigar todo lo que aún resta del pasado argentino.
Basta un solo dato y es el siguiente: las investigaciones en Derecho Humanos tienen establecido que el número de personas víctimas de desaparición forzada de personas supera los 30.000, pero el Estado solo registra algo así como 11.000 denuncias, las que se encuentran asentadas en lo que antiguamente se llamaba “Comisión Nacional de Personas Desaparecidas” o CONADEP. Pues bien, en el informe de Clavel están los nombres de 22.000 personas desaparecidas y la pregunta surge de inmediato: ¿es muy trabajoso para el Estado Argentino conseguir esos informes?....La respuesta está en el Estado, si es que tiene la voluntad de hacerlo. Esta administración ha demostrado una voluntad distinta a las dos que le precedieron, por lo cual es de desear mayor sensatez y profundidad en sus políticas de Derechos Humanos.
Arancibia Clavel había sido condenado en el año 2004 a prisión perpetua, sin embargo tres años más tarde fue beneficiado por el instituto de la “libertad condicional”. El 28 de abril de 2011 se lo encontró muerto en su departamento en circunstancias aún no esclarecidas. De no haber sido por este hecho, la sociedad argentina hubiese ignorado que una persona condenada por delitos de Lesa Humanidad se encontraba en libertad al poco tiempo de habérsele dictado sentencia. Estas cuestiones son otras de las tareas pendientes del Estado Argentino, pues si no se tiene la triste impresión de que todas estas condenas hacia los represores de la Década del 70, son meras “sentencias virtuales”, floreadas de profusas referencias al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, alejadas de la realidad y del castigo que realmente se merecen sus autores.
Carlos A. Bozzi es Abogado, sobreviviente de la Noche de Las Corbatas.
Por suerte se abrió este debate, que puede ser muy beneficioso para la causa de los Derechos Humanos, si de una vez por todas el Estado Argentino asume el compromiso de investigar a fondo nuestro doloroso pasado y en base a informes como estos, se lograr esclarecer la suerte corrida por miles de compatriotas entre los años 1974-1983, destacando a todas sus agencias administrativas en Derechos Humanos para este fin.
Pero, vamos un poco a reiterar quien era don Enrique Lautaro. Se sabe que era chileno, que ingresó a la Argentina prófugo, acusado por un atentado “dinamitero” en épocas del gobierno de Salvador Allende. Refugiado en Buenos Aires, participó en la organización del asesinato del General Carlos Prats y su esposa, ocurrido por el mes de septiembre del año 1974. A causa de este hecho, fue condenado a prisión perpetua y la Corte Suprema de Justicia de la Nación , el 24 de agosto de 2004, en un fallo histórico, basado en Pactos y Convenios de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que dieron origen al inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional, reformada justo diez años atrás, sostuvo que la responsabilidad penal de los delitos de lesa humanidad es imprescriptible. Es importante resaltar lo de la responsabilidad penal, pues aún el Alto Tribunal sostiene que los daños y perjuicios ocasionados por un delito de lesa humanidad prescriben a los dos años, contados a partir del 12 de octubre de 1983. No solo el Alto Tribunal de Justicia tiene esta opinión, sino también el Estado Argentino, a través del cuerpo de abogados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación , en diversos juicios entablados por victimas del Terrorismo de Estado.
Sus informes comienzan a ser “enviados”, a la Dirección de Inteligencia Nacional de Chile, mas conocida como “DINA” , el equivalente a la Side en Argentina, por el año 1978, a raíz del conflicto por el Canal de Beagle. La “historia oficial” dice que fue detenido por el Ejército argentino en el año 1978, acusado de espía chileno e indultado por el Estado Argentino en 1980.
Entre 1974 y 1978, año este último en que se dedica a la producción de informes para el gobierno chileno, en sus ratos de ocio, fue integrante de algún grupo operativo del Plan Cóndor que interrogó a disidentes chilenos exiliados en Argentina. Fue así que se lo condenó a doce años de prisión (además de la perpetua que antes tenía), por haber torturado a su conciudadana Laura Helgueta Díaz, secuestrada y recluida en el Centro Clandestino de Detención de Personas, llamado “El Atlético”. Hay que pensar que no cualquier persona podía ingresar e interrogar a un secuestrado por el Estado Argentino, a un “CCD” , así como así nomás, sin la autorización pertinente del poder de turno.
Este hecho revela que en realidad Don Lautaro era un agente doble, que trabajaba para ambos países, en Argentina, especialmente para la Fuerza Ejército y que su detención de fines de 1978, fue solo un simulacro.
Con solo observar y estudiar sus informes se llega fácilmente a esta conclusión, pues en el año 1978, época en que comienza su producción literaria, se tiene la sensación de que este hombre realizó el curso abreviado y mas profundo, si vale la expresión, de toda la historia de la represión en Argentina.
Por ejemplo, informa en 1978 que supo acerca de golpes que López Rega le propinaba a la señora de Perón, que sabe de los asesinatos de la Triple A , y que sabe, nombra y describe, con número de documento, dirección y demás detalles, a personas asesinadas desde 1975 en adelante. El 28 de julio de 1978, en un extenso memo, remite a la central de la DINA publicaciones y revistas argentinas editadas cuatro años atrás. Este hecho me consta porque una de las publicaciones enviadas fue una revista que este autor editó en la ciudad de Mar del Plata en el mes de junio del año 1974.
Advierte al gobierno de Chile que el ataque argentino sería similar a la estrategia militar del General San Martín en la llamada Guerra de la Independencia. Es decir, invadir por las provincias de Cuyo, Salta y Jujuy, cuando la sensación imperante de aquellos días, a raíz de todo el movimiento militar argentino amagaba a una invasión por el sur del país.
Está claro que en sus periódicos envíos, resalta la línea “pacifista” de la Fuerza Ejercito , que tendría a Videla y a Martínez de Hoz como sus mejores exponentes, llegando a transmitir que en 1978 la figura popular del Presidente estaba en franco ascenso. Tal es así, que el sobrio y serio don Rafael, se vio obligado a asomarse a los balcones de la Casa Rosada a raíz de una espontánea manifestación popular y que en otra oportunidad, un nutrido grupo de estudiantes lo vivó al grito de: ¡!!!VIDELA, CORAZON…!!!!!
En este camino, obviamente le adjudica un sinfín de secuestros, atenta dos y asesinatos a la línea dura del Ejército, liderada por Suárez Mason, Menéndez y Camps, los cuales detalla con asombrosa precisión, entre ellos, el secuestro del abogado Mariano Grondona. En un memo informa que el atentado al ex canciller Guzzeti fue originado en este grupo, por orden del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, General Ibérico Saint Jean y en otro dice que este hecho fue obra de grupos afines a Massera, a través del Servicio de Informaciones Navales, quienes tras “comprar” a la custodia del Ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina , lo emboscaron cuando el ex canciller ingresaba a un consultorio odontológico, asestándole un durísimo golpe en la cabeza con un objeto “de fierro” de “4 kilos de peso”, que lo dejó inválido.
De ahí en más, sus informes se dedican al estudio de la conducta de Massera y su ambición de crear un partido político propio, aliado al peronismo, para lo cual hasta se habría reunido con el líder metalúrgico Lorenzo Miguel. Y desgrana detalles de cada uno de los pasos del marino, relatando sus numerosos crímenes y fechorías. Entre sus relatos, acuñó la más tremenda de las frases, al decir: “En estos momentos, la Escuela de Mecánica es una verdadera universidad en los métodos de la represión, cuenta con hornos crematorios, camas electrizadas, los mejores equipos de grabación, etc.”… Y concluye: “La represión más sangrienta ha sido la naval, el ejercito tiene mayor cantidad…”.
Obviamente, entre todos estos informes, aparece el referido a la señora Alfano, que tanta repercusión ha causado en estos días. ¿O no? ¿Y todo lo que anteriormente dice? No hay que olvidar unos de los párrafos, mas estremecedores de sus archivos, que expresa:: "En estas listas van tanto los muertos "oficialistas" como los "no oficialistas". Este trabajo se logró conseguir en el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército sito en Callao y Viamonte de esta capital, que depende de la Jefatura II Inteligencia Ejército del Comando General del Ejército y del Estado mayor General del Ejército. Estas listas corresponden al Anexo 74888,75/0 A.1 E.A. y al Anexo 748 89.75 id.. Los que aparecen NN son aquellos cuerpos imposibles de identificar, casi en un 100% corresponden a elementos extremistas eliminados "por izquierda" .. por las fuerzas de seguridad. Se tienen computados 22,000 entre muertos y desaparecidos, desde 1975 a la fecha. Luís Felipe Alemparte Díaz"
En otra de sus creaciones, ya no tan literarias y en lo que a mi pasado concierne, afirma: “En agosto de 1977, en la ciudad de Mar del Plata, fueron apareciendo los cadáveres de cinco o seis abogados izquierdistas. Operó el coronel Camps, Jefe de Policía, Prov. de Bs.As….”. Se encuentra probado por el testimonio de la esposa de uno de los abogados asesinados en esa ciudad, que hasta fines del mes julio, ella vio a algunos de estos abogados con vida, con lo cual esta información tiene un valor realmente importante.
Sin embargo, el Estado Argentino y todas sus agencias dedicadas al estudio de nuestro pasado, poco ha hecho en la investigación en base a estos informes, que se encuentran a resguardo en la Universidad chilena, “Alberto Hurtado” y se supone, al alcance de la justicia.
Da la sensación que las distintas administraciones públicas, surgidas a partir de octubre de 1983, no han entendido aún el significado de la palabra “Terrorismo de Estado”, pues tratan la cuestión de los delitos de lesa humanidad como si hubiesen sido fechorías de grupos o personas fuera del control normal de la propia administración, sustrayendo la responsabilidad estatal a estos hechos y volcando todo el peso de su discurso, sobre los personajes de esta historia.
Una real y verdadera política de Derechos Humanos debe establecer y dejar sentado firmemente que estos delitos fueron cometidos pura y exclusivamente por el Estado Argentino, el que tiene deber irrenunciable de investigarlos en su total profundidad y de pedir públicas disculpas al pueblo argentino por el daño infligido, cosa que aún no ha hecho. No hay que olvidar que Emilio Massera, después de haber recibido una condena en el Juicio a las Juntas Militares, fue indultado por el mismo Estado Argentino.
Mas allá o más acá de la conducta de la señora Alfano y la responsabilidad por su supuesta vinculación con Massera, sería saludable que los señores fiscales federales se dediquen a leer de lleno el “Informe Arancibia Clavel” y en base a ello, comiencen a investigar todo lo que aún resta del pasado argentino.
Basta un solo dato y es el siguiente: las investigaciones en Derecho Humanos tienen establecido que el número de personas víctimas de desaparición forzada de personas supera los 30.000, pero el Estado solo registra algo así como 11.000 denuncias, las que se encuentran asentadas en lo que antiguamente se llamaba “Comisión Nacional de Personas Desaparecidas” o CONADEP. Pues bien, en el informe de Clavel están los nombres de 22.000 personas desaparecidas y la pregunta surge de inmediato: ¿es muy trabajoso para el Estado Argentino conseguir esos informes?....La respuesta está en el Estado, si es que tiene la voluntad de hacerlo. Esta administración ha demostrado una voluntad distinta a las dos que le precedieron, por lo cual es de desear mayor sensatez y profundidad en sus políticas de Derechos Humanos.
Arancibia Clavel había sido condenado en el año 2004 a prisión perpetua, sin embargo tres años más tarde fue beneficiado por el instituto de la “libertad condicional”. El 28 de abril de 2011 se lo encontró muerto en su departamento en circunstancias aún no esclarecidas. De no haber sido por este hecho, la sociedad argentina hubiese ignorado que una persona condenada por delitos de Lesa Humanidad se encontraba en libertad al poco tiempo de habérsele dictado sentencia. Estas cuestiones son otras de las tareas pendientes del Estado Argentino, pues si no se tiene la triste impresión de que todas estas condenas hacia los represores de la Década del 70, son meras “sentencias virtuales”, floreadas de profusas referencias al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, alejadas de la realidad y del castigo que realmente se merecen sus autores.
Carlos A. Bozzi es Abogado, sobreviviente de la Noche de Las Corbatas.
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